Movimientos sociales y gobernabilidad

Isidoro YESCAS

Los movimientos sociales en Oaxaca no son un fenómeno novedoso; al contrario, ha sido precisamente una entidad en donde con mayor intensidad y amplitud se han expresado desde inicios de la década de los setentas, principalmente con el surgimiento del Movimiento Democrático Universitario en la UABJO y la creación de la COCEO y la COCEI en las regiones de Valles Centrales y el Istmo.

Y sin bien es cierto que estos movimientos concitaron una fuerte simpatía y solidaridad de algunos sectores populares, estos apoyos se traducirían mas adelante, con los nuevos métodos de lucha que en la década de los ochentas instrumentó el gremio magisterial de la sección 22 del SNTE y un conjunto de organizaciones aliadas, en disociación y luego en el rechazo de pequeños y medianos empresarios y el comercio organizado, afectados por las movilizaciones llevadas a cabo en forma preponderante en la ciudad de Oaxaca.

Se observaría así una progresiva disociación y ruptura entre las legítimas demandas de los grupos movilizados y los intereses y derechos de terceros.
Desde entonces, Oaxaca ha sido escenario de crecientes conflictos y movilizaciones de diversa intensidad y amplitud y con una amplia gama de actores sociales: desde indígenas, campesinos, colonos, transportistas, trabajadores y empleados de instituciones educativas y gubernamentales hasta grupos de presión, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales y comunitarias.

De acuerdo a datos consignados en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, hasta julio del 2014 el estado de Oaxaca ocupaba el cuarto lugar en cuanto al número de agrupaciones consideradas como parte de las OSC al contabilizar 1,672, colocándose en los tres primeros lugares el Distrito Federal, el estado de México y Veracruz.

Sin embargo, esta cifra solamente registra a aquellas organizaciones enlistadas en el padrón de INDESOL y que se han acogido a los beneficios otorgados por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil que el gobierno federal promovió desde el 2004.

No se incluyen, por lo tanto, a la gran mayoría de las organizaciones sociales clientelares que generalmente obtienen apoyos económicos y materiales del gobierno del estado por la vía de la presión política y las movilizaciones. Y tampoco a los sindicatos, especialmente a la sección 22 del SNTE, cuyos métodos de lucha se han caracterizado por colapsar las vías de comunicación en la ciudad capital y, en ocasiones, en puntos estratégicos de las ocho regiones de la entidad, para obtener logros gremiales, económicos y políticos.

Las crecientes olas de movilizaciones, que en ocasiones han rayado en el vandalismo y la provocación, que en los tres últimos sexenios y los primeros meses del nuevo gobierno se han escenificado preponderantemente en las regiones del istmo y los valles centrales se explica, en parte, por una estrategia de lucha ya adoptado por un buen número de organizaciones clientelares y la sección 22 del SNTE en donde combinan la movilización y presión política de sus representados con la negociación de sus demandas sin importarles si sus métodos de lucha lesionan los derechos humanos de la población en general.

Sin embargo, debe precisarse que otros factores que suele detonar los conflictos están estrechamente vinculados la baja capacidad política y operativa de funcionarios de todos los niveles de las instituciones públicas para desactivar los conflictos o, en su caso, para darles el cauce de solución institucional. Han contribuido también la ausencia de estrategias y políticas públicas preventivas y las prácticas corruptoras de los gobiernos estatales con los líderes de los grupos movilizados instaurados desde el sexenio del gobernador Diódoro Carrasco para apaciguar o posponer los conflictos.

La intermitente conflictividad que ha vivido y vive el estado de Oaxaca y los problemas que para la ciudadanía en general representan las marchas y manifestaciones, pero sobre todo los bloqueos de calles y carreteras, tomas de oficinas de públicas y otras acciones “contundentes” llevadas a cabo por todo tipo de organizaciones clientelares, sindicatos y grupos de presión, se solucionarían legislando y estableciendo controles constitucionales como lo ha propuesto ante la LXIII Legislatura local la fracción parlamentaria del PAN?

Me temo que no pues el problema para Oaxaca, como para otros estados del sur-sureste del país, es que el principal referente de los gobiernos para atender y negociar parcial o totalmente las demandas de los grupos movilizados está en función de la capacidad de estos últimos para movilizarse y presionar. El factor legal generalmente pasa a un segundo plano y suele invocarse a posteriori para intentar justificar lo realizado como resultado de omisiones de la autoridad.

Lo paradójico de las movilizaciones sindicales, sociales y políticas de los cuatro últimos sexenios, y que persisten con la segunda época del muratismo, es que para ser atendidos por los gobiernos, los grupos movilizados lo primero que hacen es vulnerar los derechos de los sectores sociales de quienes reclaman su apoyo. Es cierto que existen organizaciones y sindicatos que primero agotan las vías legales e institucionales, pero son los menos pues por desgracia los propios gobiernos (estatales, federales o municipales) han alentado esos métodos de lucha ya por su negligencia, impericia o por las complicidades que suelen establecerse entre líderes sociales y políticos con funcionarios públicos para compartir las prebendas económicas que fluyen discrecionalmente para desactivar los conflictos.

La solución, entonces, no está en regular las marchas y manifestaciones ni en aprobar nuevas leyes que terminarían por no respetarse o abrogarse, sino en transitar hacia una nueva relación entre los poderes públicos, fundamentalmente del gobierno del estado, con las organizaciones sociales y sus líderes, en donde prevalezca la legalidad e institucionalidad, el respeto a los derechos ciudadanos y la transparencia y rendición de cuentas.

Como ya lo hemos escrito en otras ocasiones, el tema de la gobernabilidad en Oaxaca es y ha sido el talón de Aquiles de los últimos tres gobiernos estatales. Y se mantiene (y mantendrá) como prioridad con el gobierno de Alejandro Murat en tanto no exista voluntad política y una estrategia gubernamental para cambiar los viejos usos y costumbres del quehacer político.

En, síntesis, el objetivo debe ser restaurar el estado de derecho y generar una nueva institucionalidad que contribuya a superar rezagos y aliente el progreso y desarrollo de Oaxaca.

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